España en tanto país que ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) y que ha establecido compromisos legislativos europeos y nacionales relativos a la accesibilidad y al fomento de la autonomía personal, debe trabajar en el desarrollo de políticas y estrategias que mejoren, fomenten y evalúen si los entornos físicos son universales y accesibles para las personas con discapacidad. Toda la normativa vigente en los distintos niveles legislativos (internacional, europeo y nacional) relativa a la accesibilidad universal se ha desarrollado con el fin de encontrar soluciones para construir núcleos poblacionales y servicios más humanos y accesibles a los que puedan acceder todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Sin embargo, el grado de implementación real de las mismas es muy desigual en todo el estado y en general se considera deficitario.
Desde la administración estatal, se han comenzado a tomar en consideración las recomendaciones realizadas por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 9 de abril de 2019. En este informe se recomendaba el diseño, la adopción y la aplicación de una estrategia de desinstitucionalización y la implementación de salvaguardias que aseguren el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad y en todas las regiones. Para ello, se está desarrollando la Estrategia de desinstitucionalización que se pondrá en vigor en el año 2024, la cual propondrá medidas para mejorar los sistemas de apoyo y cuidado a las personas que viven situaciones de vulnerabilidad y exclusión, entre las que se identifica el colectivo de las personas con discapacidad. Otra herramienta que también fomentará la accesibilidad universal es la Estrategia Española de la discapacidad 2022-2030 ya que en ella se dispone el despliegue, la mejora y la revitalización del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).
Además de la Estrategia Española de la discapacidad y la futura Estrategia de desinstitucionalización que comenzará en 2024, se ha promulgado la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda. Esta normativa asume un compromiso para garantizar la accesibilidad universal de los parques de vivienda implicando al Estado en colaboración con las demás administraciones (artículo 13.1). Todas estas estrategias servirán de alineamiento de España con el artículo 19 de la CDPD que hace referencia al derecho a vivir de forma independiente.
Ante la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y de fomento de la autonomía personal y la vida independiente para las personas con discapacidad, desde COCEMFE se identifica la necesidad de crear herramientas complementarias que fomenten la accesibilidad universal en torno a dos ejes (la evaluación del entorno y la visibilización de recursos habitacionales accesibles).
Las personas con Discapacidad suelen presentar una negación sistemática de su propia autonomía, se les tiende a sobreproteger en todas las esferas de su vida, principalmente en el ámbito privado, se les institucionaliza en el ámbito público y tienen una probabilidad mayor de que se vulnere su dignidad y, por ende, sus DERECHOS HUMANOS.
El modelo de vida independiente de COCEMFE se basa en el respeto a la diversidad y a la dignidad humana. Al valor intrínseco que le atribuimos a cualquier ser humano, que como tal merece vivir con una suficiente calidad de vida, incluyendo ello el respeto a su intimidad, a la libre toma de decisiones y autodeterminación sobre su proyecto de existencia en un contexto basado en la accesibilidad universal y que garantice la igualdad de oportunidades de participación en la sociedad a través de la erradicación de la discriminación y mediante la promoción de políticas activas que eliminen las barreras físicas y sociales. Se trata en definitiva de crear las condiciones de posibilidad de la vida independiente actuando sobre el entorno para facilitar un proyecto autónomo en un espacio inclusivo en el que la discapacidad no sea un obstáculo insalvable para el ejercicio pleno de las libertades personales en el marco de una vida elegida libremente.
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